Nicaragua, definida como una república soberana e independiente, cuenta con una Constitución Política que en su Art. 14 dice textualmente “el estado no tiene religión oficial”. Sin embargo, el estado laico de Nicaragua navega en un mar de contradicciones, dado que las decisiones de las autoridades legalmente constituidas –de cualquiera de los cuatro poderes del estado- están subordinadas a los mandatos de las cúpulas religiosas, que incursionan diariamente en la agenda política del país, allanados por la obediencia manifiesta de los lideres políticos de cualquier denominación.

Especialmente sensible a estos mandatos son los funcionarios y funcionarias públicas, así como quienes ejercen el poder por elección popular en la Asamblea Nacional, que a la hora de legislar a favor de más de 5 millones de ciudadanas y ciudadanos, primero deberán leer –y de hecho ya habrán leído- el último mandato de la Conferencia Episcopal relativo al contenido de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades.

Dicen los señores obispos que “Tales (sus) observaciones se ciernen no sólo sobre aspectos filosóficos y semánticos oscuros de la ley, sino también sobre aspectos jurídicos y culturales propios de nuestra idiosincrasia y de la urdimbre legal de la nación”.
Continúan los autores afirmando que “desean contribuir a que se eviten confusiones tan notorias como perjudiciales. La confusión es propia de una época de crisis, que se manifiesta ante todo como profunda crisis de la verdad”, aseguran.

Dado que estas observaciones episcopales están destinadas a que los llamados padres y madres de la patria cambien, recorten y eliminen los derechos a la salud en esta Ley, me referiré atentamente a estas expresiones.

Naturalmente, he encontrado en la Ley aspectos filosóficos y semánticos que difieren radicalmente del mandato religioso, puesto que no suscribe que la maternidad sea el único e inexorable destino de las mujeres. Además, porque la Ley considera necesario que la reproducción cuente en Nicaragua con el imprescindible apoyo del estado y con la responsabilidad de los hombres, ante quienes nunca las jerarquías políticas o religiosas han señalado su pre-ocupación por hacer que la paternidad responsable sea una realidad o por lo menos que los hombres sean más solidarios con sus parejas, sus familias y sus comunidades.
Hasta ahora, los aspectos jurídicos y culturales propios de nuestra idiosincrasia y de la urdimbre legal de la nación, a que los obispos refieren, se han sustentado en un sistema jerárquico y excluyente de toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado, fuera, de espaldas y en contra de la propia opinión de las mujeres.

Rechazamos enfáticamente que defender aspectos culturales de nuestra idiosincrasia signifique perpetuar la miseria económica, la carencia de valores humanos en el tratamiento de los derechos de las mujeres, la falta de reconocimiento de su ciudadanía, la violencia sexual, intra familiar y patrimonial, la exclusión social, la carencia de atención y de servicios de salud, la inexistencia de educación sexual y de oportunidades calificadas de empleo, etc, etc, y entre otras. Esta “idiosincrasia” del patriarcado criollo, no debe ser sustento de alguna ley, ni de políticas públicas de un país que se considere medianamente democrático.

Coincidiendo con el documento antes mencionado, puedo decir que nadie está más interesado que nosotras, las mujeres de Nicaragua, en contribuir a que se eviten confusiones tan notorias como perjudiciales. Porque existe una verdadera confusión cuando las políticas, las leyes, las estrategias y los programas que nos afectan, se deciden a contramano del estado laico, reafirmando que el discurso de la participación ciudadana de las mujeres naufraga en las confusas aguas del estado clerical.

También y evidentemente, es cierto que vivimos una época de crisis, que se manifiesta ante todo como profunda crisis de la verdad.

Nicaragua vive en crisis, la verdad es que “en Nicaragua existe pobreza, analfabetismo, bajo status para la mujer, higiene y nutrición deficientes, medios de transporte precarios y servicios médicos inadecuados”. médicos inadecuados”.

Nicaragua vive en crisis, la verdad dice que es un país donde el 82,3% de la gente sobrevive con un dólar o menos por día , y como la población inexorablemente se duplica cada 20 años, la verdad dice que habrá más pobres y que dentro de los pobres, la mayoría son y seguirán siendo mujeres.

Nicaragua vive en crisis, la verdad dice que la pandemia del SIDA ha entrado en una situación de incremento agudo, y que la mayoría de los nuevos casos demuestran su creciente feminización, que cada día más mujeres adolescentes y jóvenes se ven afectadas en relación a los varones adolescentes y jóvenes.

Nicaragua vive en crisis, la verdad dice que la tasa de fecundidad general es una de las más altas de Centroamérica y también dice que el presupuesto de Salud es el más bajo del área; verdad es saber que contamos con U$ 22 para todas las necesidades de salud por persona y por año.

Nicaragua vive en crisis, la verdad dice que la mortalidad por cáncer génito-mamario afecta cada vez más a mujeres jóvenes y que el 45% de las que mueren por esta causa tienen de 20 a 34 años.

Nicaragua vive en crisis, la verdad dice que según el UNICEF, la Tasa de Mortalidad Materna estimada es de 250 x 100.000 , según la Presidencia de la República es de 148 x 100.000 y según el Ministerio de Salud es de 93 x 100.000 . La verdad también dice que en Matagalpa hubieron 13 muertes maternas en los dos primeros meses del 2003 y que la tasa de mortalidad materna seguirá siendo una variable política de la nadie quiere hablar, y mucho menos investigar.

Nicaragua vive en crisis, la verdad dice que el aborto está prohibido por ley, sin embargo, es la primera o segunda causa de muerte materna intra-hospitalaria, y cuando el gobierno quiere, acepta que ha llegado a ser el 24% de todas las muertes maternas.

Pero cuando no quiere, el subregistro enmascara la magnitud del aborto por su ilegalidad, por los embarazos secundarios a una violación, por los embarazos en la adolescencia, por los embarazos más enfermedades graves o que pongan en peligro la salud, por embarazos más VIH-SIDA, más extrema pobreza, o por violencia.

Y ahora, las muertes maternas se reportan como por “causas violentas” cuando en realidad son suicidios. La verdad dice que se trata de muertes por embarazos no planificados que ocurren por intoxicaciones, uso de pesticidas, medicamentos en grandes dosis, ingesta de tóxicos o uso de raíces venenosas.

Nicaragua vive en crisis porque a las mujeres, -que son las que se mueren por un aborto inseguro- no nos escucharon cuando propusimos a la Asamblea Nacional que el nuevo Código Penal decida que “El Aborto Terapéutico será decidido científicamente, para preservar la salud integral y la vida de las mujeres, las que podrán solicitarlo en una consulta médica”, texto que no pretende “promover” el aborto, ni tampoco destruir la familia, sino evitar que las familias y las comunidades sigan sufriendo por la muerte temprana de las mujeres, que tanto aportan a sus sustento y desarrollo.

Y cómo no vamos a estar en crisis, si el 54% de la población de Nicaragua tiene menos de 25 años, y vive sin oportunidades, sin educación, información o acceso a atención de salud que sea adecuada a sus necesidades.

La verdad dice que entre la población joven que tiene relaciones sexuales, el 40,6% no usa anticonceptivos, el 30% de las muertes maternas ocurre en adolescentes, el 26% de los abortos ocurre en menores de 19 años y también el 27% del total de embarazos, -el porcentaje más alto de América Latina-.

También es verdad que de 100 adolescentes VIH + de 15 a 19 años, el 44,4% son mujeres, en tanto, el Ministerio de Educación -a la vez que hace una activa campaña desinformadora-, prohíbe educar, difundir y utilizar el condón, dando énfasis a una única y absoluta opción: la abstinencia sexual, el autocontrol y la autodisciplina.

Siendo esta la situación de Nicaragua y estas las múltiples crisis en que vivimos, la Ley que nos ocupa continúa siendo una demanda histórica de las mujeres feministas, ya que pretende sustentar legalmente nuestros derechos y oportunidades, por lo que debería ser apoyada, promovida y difundida por todas las personas concientes y comprometidas de nuestro país.
Un requisito esencial para garantizar que el debate nacional de la Ley se desarrolle en los marcos de la razón y la justicia para las mujeres, es la vigencia del estado laico. También para lograr una Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades que se sustente en una visión moderna e integral, demandamos:

- Que las políticas de población y desarrollo en Nicaragua reconozcan que el respeto por la ciudadanía de las mujeres es una condición esencial del desarrollo.

- Que la salud integral de las mujeres se considere como el resultado de su armonía con el entorno social, ambiental, económico, laboral, cultural, familiar y afectivo.

- Que las políticas relativas a la salud de las mujeres sean consensuadas en un Ministerio de las Mujeres, -cuya existencia hemos demandado desde hace varios años-, donde se garantice nuestra participación real y bajo formas innovativas.

- Que el Ministerio de Salud aplique las políticas previamente acordadas, con mecanismos de participación, monitoreo y evaluación social identificados formal y claramente para las mujeres.

- Que nuevamente se articule dentro del MINSA la Dirección la Atención Integral en Salud de las Mujeres, Adolescentes y Niñas.

- Que se compatibilicen las disposiciones de la Ley de Igualdad de derechos y Oportunidades con la Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud única en el país que reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la juventud.

El análisis de la consistencia de la Ley para que no existan roces constitucionales, amerita un intenso debate, dentro del cual no puede faltar el movimiento de mujeres.

Además, su formulación debe contemplar todos los aspectos que hacen a la integralidad de la salud de las mujeres, poniendo énfasis en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Nicaragua en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en 1994 y en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, cuyos acuerdos no pueden ni deben continuar siendo ignorados, ni en la legislación ni en la aplicación de la justicia.

Una recomendación especial en el Artículo. 53: La Ley debe definir con toda precisión mecanismos específicos para la igualdad de oportunidades, antes que una enumeración de actividades o tareas a desarrollar. Esos mecanismos se deberán definir según las prioridades nacionales, tomando en cuenta la situación de salud de las mujeres en todo el ciclo de su vida.
La defensa de la Ley reunirá la adhesión de todas las expresiones del Movimiento de Mujeres en la medida que su revisión se realice desde una genuina posición de autonomía, ajena a compromisos con cualquier estructura gubernamental existente, también ajena a los intereses particulares de partidos políticos. Solo así se podrá garantizar su transformación y enriquecimiento, y el consenso nacional, vital a la hora de una nueva negociación.