Dr. José Javier Pérez Reyes, sub director ejecutivo del CENIDH, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, háblenos de Derechos Humanos y Equidad en Nicaragua?

Un aproximado de 40 organizaciones de la Sociedad Civil estamos hoy en el Foro de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción, analizando este tema en el que creemos que no debe ser un concepto impulsado únicamente desde Estocolmo, sino que tiene que ser parte de una política gubernamental, una política de estado, que atraviese transversalmente los distintos temas de la Declaración de Estocolmo y de la Cooperación Internacional. A qué nos referimos con esto? Creemos que cuando se hable de gobernabilidad, transparencia, cooperación externa, financiamiento hacia nuestras naciones, se tiene que pensar transversalmente el tema de los derechos humanos, o sea que no debe ser únicamente un tema específico a analizar sino que tiene que ser un tema que abarque las distintas facetas de la cooperación externa hacia el pueblo nicaragüense. Hemos estado analizando cuál ha sido el avance en materia de derechos humanos desde la reunión de Estocolmo hasta la fecha, nos ha sido imposible desde los mismos documentos del gobierno que no la analizan en su integralidad la temática de derechos humanos es una temática integral, que no la vemos recogida en los documentos del gobierno y la Coordinadora ha hecho un balance aproximado en esta perspectiva.
Hemos visto que hay un deterioro progresivo de los derechos económicos y sociales que se expresa en las violaciones al derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social, a la vivienda, que es una problemática aguda, nos estamos metiendo a problemática una particular con reformas a la leyes de la propiedad, que van a generar toda una mayor conflictividad social en lo que respecta al área, que se conoció como el área de la propiedad de los trabajadores que no necesariamente ahora está en sus manos, sino en las de terceras personas, que tienen intereses empresariales y no necesariamente como le digo la clase trabajadora. Estamos por otra parte viendo un retroceso en la institucionalidad democrática de este país con el pacto político ante el PLC y FSLN que ha conllevado a la partidización de las instituciones y de los principales poderes del Estado. Hemos retrocedido en materia de participación ciudadana la eliminación de la suscripción popular. Era una conquista que tiene su origen desde la misma revolución sandinista hasta esta fecha que se materializó a través de leyes en el período de doña Violeta de Chamorro, pero que efectivamente eso va a impedir que sectores sociales o sectores populares que no necesariamente quieran acceder al poder local vía los mecanismos locales, léase partidos políticos, se van a ver imposibilitados de ésto. Están empujando al sistema político democrático nicaragüense a la bipartidización, creemos que eso ha dejado en el pasado violencia y dolor. Nicaragua tiene una historia recurrente de violencia, de constituyente, de reformas constitucionales, que han ido cerrando los espacios a las otras opciones políticas y a las otras opciones ideológicas en este país. Este es un retroceso que ya se está viendo, ya se está materializando en términos de las reformas legislativas y en términos de las reformas constitucionales que se están implementando.
Por otra parte hemos venido identificando como la corrupción es un fenómeno que caracteriza la problemática de derechos humanos en nuestro país y que ya no solo se expresa en una corrupción de “la coima” a los funcionarios públicos, el funcionario público pidiendo para agilizar “X” o “Y” proceso, sino que incluso de manera burda ya la corrupción es poner las instituciones del Estado al servicio de los intereses de los principales funcionarios de este gobierno. Nos referimos particularmente a las actitudes latifundistas del Presidente de la República, que ha puesto a ENEL, ENACAL, a todas las instituciones de servicio público, a hacerle transformaciones en sus propiedades adquiridas a precio de guate mojado, que eso a su vez implica que estamos viviendo un proceso de latifundismo. Pero también estamos viviendo un proceso de contra Reforma Agraria a lo que se han visto empujados los campesinos quizás ingenuamente en algunos casos, en algunas cooperativas, producto de dos cosas, creo yo, la falta de titulación de sus tierras, la falta de la asistencia técnica y crediticia; lo que los lleva a vender las tierras a precios regalados, por una situación de hambre y no se puede vincular que el tema de la reforma agraria tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria. El mismo gobierno ha venido identificando que los mayores sectores o el sector donde hay más pobreza en este país, el 80% de los nicaragüenses están en situación de pobreza es el sector rural. Cuál es la consecuencia de identificar que el fenómeno de pobreza está en el campo, cuando por otra parte no procuramos la institucionalidad del campo y llevar los programas al campo y más bien estamos impulsando medidas de contra reforma agraria, que le van a impedir tener al campesino el acceso a la tierra, que implica el acceso a la alimentación. Son los tres grandes ejes que hemos venido conversando en el Foro a un año de la Declaración de Estocolmo, el deterioro de los derechos económicos y sociales, con todas estas políticas de privatización de los servicios básicos, la corrupción como fuente de violación a los derechos económicos y principalmente al derecho del desarrollo de los nicaragüenses y el pacto político que se ha expresado en una reversión de las transformaciones que en términos democráticos teníamos los nicaragüenses.

Cuál sería su mensaje, Dr. José Javier Pérez Reyes, para las y los nicaragüense en término de lucha y defensa a los derechos humanos de nuestro pueblo y de que hay una verdadera equidad para verdaderamente poder hablar de respeto a los mismos?

Creo que aquí ni la comunidad cooperante, ni ningún partido político va a poder llevar adelante una beligerante vigencia de la defensa de los derechos humanos si no la asumimos la Sociedad Civil, los y las nicaragüenses somos los que tenemos que impedir que estas transformaciones legislativas que implican retrocesos en términos de la democracia participativa, se continúen profundizando. Somos los nicaragüenses quienes tenemos la oportunidad en términos formales en este año a través de nuestro voto, a través de nuestra movilización ciudadana y cívica, en expresarnos a estos dos partidos que son relativa mayoría, porque fueron mayoría en el 96, pero las mayorías no son estáticas ni permanentes, somos nosotros los ciudadanos quienes con la movilización cívica y a través de nuestro voto podemos expresar si estamos o no de acuerdo con estas transformaciones legislativas, si estamos o no de acuerdo con que cada día el deterioro de la vigencia de los derechos humanos se siga profundizando. Son las mujeres las que tienen que defender su derecho a que no se sigan impulsando políticas que las discriminen. Es la misma juventud y niñez la que tiene que defender su acceso a la educación, oportunidades de vida. Es lastimoso que en este país que viene de una experiencia movilizativa en el pasado, donde la juventud era el principal artífice de las transformaciones, de cada diez jóvenes que hizo una encuesta el organismo Ética y Transparencia, siete se quieren ir fuera del país. Usted podrá apreciar con esto, lo desesperanzador que significa para los jóvenes en estos tiempos, como visualizan el futuro aquí en Nicaragua. Tenemos que ser nosotros, los sectores organizados, las personas interesadas en que no se revierta a niveles de políticas autocráticas regresando a tesis y prácticas de dictaduras como la que hemos estado experimentando, quienes con la movilización podemos impedir que este deterioro se profundice en Nicaragua.