A lo largo de varios años la Contraloría General de la República, bajo la dirección del Ingeniero Agustín Jarquìn Anaya injustamente encarcelado el día de ayer, ha venido denunciando la nulidad de contrataciones estatales leoninas y onerosas para el pueblo nicaragüense y ha señalado con rectititud las responsabilidades administrativas y penales en que han incurrido los funcionarios públicos involucrados. Con ellos se han evitado gravísimos daños al patrimonio nacional, asestando golpes contundentes a los funcionarios corruptos, todo en cumplimiento del rol que le corresponde jugar como organismo rector del sistema de control de la administración pública y de fiscalización de los bienes y recursos del Estado.
No obstante que la CGR de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua, debiera ser un organismo independiente sometido solamente al cumplimento de la Constitución y las Leyes, la Procuraduría de Justicia, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional han invadido su órbita de atribuciones obedeciendo la voluntad dictatorial del Presidente Arnoldo Alemán con el fin de garantizar la impunidad y la corrupción.
En la escalada para destruir la CGR se destaca la queja que presentó el Procurador General de Justicia ante la Asamblea Nacional, acusando que el Ing. Jarquìn Anaya “violó las leyes”, “traicionó la patria”, “lesionó la moral pública”, “delinquió”, “violó la Constitución Política” y “abusó de autoridad” al aceptar las transferencias de fondos. Todo lo cual se deshizo como una pompa de jabón ante la imposibilidad de probar tales hechos. Se presentó entonces ante los Tribunales de Justicia una acusación criminal contra el Contralor General y otros, atribuyéndoles fraude, malversación, uso indebido de nombres, y asociación ilícita para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua. En la secuela de este juicio originado en un contrato de la CGR con el expresentador Danilo Lacayo, en el cual se utilizó el nombre de Ramón Parrales para cubrir la actividad de Danilo Lacayo en apoyo de la fiscalización de la Contraloría, el Juez Julio César Arias denunció presiones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia así como un intento de soborno proveniente de la oficina de la Presidencia de la República. La contraparte se quejó del Juez Arias ante el Tribunal de Apelaciones y este lo absolvió de toda culpa. Finalmente la Licenciada Vanesa Chèvez Titular del Juzgado Cuarto de Distrito del Crimen emitió sentencia, interlocutoria el día cinco del corriente mes, fallando que ha lugar a poner en segura y formal prisión al Ing. Agustín Jarquìn Anaya y otros por ser autores del delito de fraude en perjuicio del Estado. El día de ayer el propio Primer Comisionado de la Policía Nacional ejecutó la orden de captura librada por la Juez. De inmediato los turiferarios del gobierno han comenzado a cabildear la destitución del Contralor en la Asamblea Nacional para dar cumplimiento a la voluntad omnímoda del gobernante, desencadenando así una crisis institucional de impredecibles consecuencias para nuestro desventurado país.
La sentencia de la señora Jueza carece de asidero legal. Interesa sobre manera, en honor a la verdad histórica, decir claramente que el Contralor General de la República Ing. Agustín Jarquìn Anaya no ha cometido el delito de fraude por el cual se le condena. En efecto nuestra legislación de la mantera regula este tipo penal en el Arto. 415 Pn. Según el cual comete fraude el funcionario o empleado público que en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraudare o consistiere en que se defraude al Estado ... privándolo de un lucro legítimo ... ahora bien, el delito de fraude y otros de la misma familia de delitos contra la propiedad tiene los siguientes elementos básicos y fundamentales de este tipo penal que son el lucro ilícito, el daño patrimonial, y la calidad de sujeto activo, que los determinan en forma especial como delitos peculiares de funcionarios públicos ya que estos se aprovechan de su condición de funcionarios públicos para lucrarse. Una cosa queda perfectamente clara, no se ha dañado el patrimonio del Estado ni el Ing. Jarquìn Anaya se ha echado un centavo a la bolsa como resultado del contrato con Danilo Lacayo. Si bien se produjo un contrato simulado nuestro Código Civil en su Arto. 2222 establece que “la simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica, ni tiene un fin ilícito”, y en el servicio para la Contraloría, lo cual a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito.
La prisión y posible destitución del Contralor persiguen, sin duda alguna, la anulación del quehacer actual de la Contraloría y el amordazamiento y la intimidación de los ciudadanos nicaragüenses que ven alzarse sobre sus cabezas la pesada loza de una dictadura neosomocista, apuntaladas por las reformas constitucionales contenidas en el pacto que preveen el aniquilamiento total de la Contraloría a través de su colegiación. La injusta prisión del Contralor significa un golpe demoledor para el Estado de Derecho que trabajosamente venimos construyendo los nicaragüenses, constituye una escalada para la ingobernabilidad, la descomposición social y alimenta la rebelión de sectores nicaragüenses hastiados del autoritarismo, la corrupción y la impunidad; factores que incidirán seguramente en el cese de la ayuda económica internacional ofrecida en la promesa de Estocolmo para la reconstrucción de nuestra tierra arrasada por el Mitch.
La Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua cree llegada la hora en que el pueblo nicaragüense debe exigir al Poder Ejecutivo cese en su campaña destructora de la Contraloría General de la República y al Poder Judicial que vuelva por sus fueros, anulando previos los tràmites legales la sentencia aberrada de la Jueza Vanesa Chèvez, en defensa de la independencia sin la cual es ilusoria la eficacia de los jueces. Llamamos a todos los componentes de la sociedad civil nicaragüense a cerrar filas en defensa del Estado de Derecho y en contra de la escalada dictatorial.

Managua, 11 de Noviembre de 1999.
Dr. Alvaro Ramírez González
Presidente de A.J.D.N.